La tramitación parlamentaria de una nueva ley de Parques Nacionales en España se sigue con especial interés entre determinados sectores de esta provincia, pues esta norma podría abrir la puerta al desarrollo de actividades y usos actualmente cerrados en Sierra Nevada, como la ampliación de la estación de esquí. La Confederación Granadina de Empresarios (CGE) ha elaborado algunos documentos y está en conversaciones con los partidos políticos para conseguir que la ley permita (aunque sea de forma indirecta) una posible ampliación de la superficie de la estación. La organización empresarial lleva un tiempo trabajando en esta idea y ha llegado incluso a plantear una propuesta de enmienda a la ley de Parques cuyo contenido perseguiría dejar esa puerta abierta al aumento de la superficie esquiable, según fuentes de la CGE.

La junta directiva de la CGE se reúne hoy y entre los temas a tratar está el de las actuaciones encaminadas a la ampliación de la superficie esquiable de Sierra Nevada. En la reunión está previsto que se revise esta iniciativa y se planteen los pasos a dar a partir de ahora, teniendo en cuenta que la tramitación parlamentaria de la ley tiene aún recorrido. El 2 de diciembre termina el plazo para su paso por el Senado y luego volverá al Congreso de los Diputados.

Al margen de las pretensiones puntuales de la CGE sobre la superficie esquiable, el impacto de esta nueva ley sobre el Parque Nacional de Sierra Nevada podría ser de calado si la norma se mantiene como ha sido redactada por el PP o se aprueban las enmiendas que el mismo partido ha introducido después para desarrollar más la ley. Lo que más ha trascendido sobre esta norma que prepara el Gobierno es que abre la puerta al desarrollo de ciertas actividades que hoy está prohibidas por la actual Ley. La nueva norma, tal y como llegó al Senado procedente del Congreso, permite usos turísticos que han generado mucha controversia. Pero lo más reciente ha sido la enmienda presentada por el PP la semana pasada que permitiría el desarrollo de la caza recreativa en los terrenos protegidos, una actividad cuya completa extinción estaba prevista para 2017. El nuevo texto elimina esta fecha tope.

En conclusión, el derecho de las generaciones venideras vuelve a quedar en entredicho, la naturaleza vuelve a ser sólo un merendero de nuestras ansias de más y lo único intocable se demuestra descansaba en una voluntad política voluble y ‘apañable’ para determinados qué ‘amiguetes’. Una pena y mayor vergüenza.

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